La Comisión
Europea aprieta al gobierno español en su lucha contra el déficit público y
éste ya no sabe dónde encontrar partidas para recortar el gasto y, a la vez,
que no sirva para que la oposición le machaque con la cantinela de “los
recortes”. La última iniciativa ha sido el encargo a la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de una investigación para evaluar la
eficiencia de las subvenciones que se conceden cada año.
No estamos
hablando de un tema baladí. El año pasado se concedieron ¡25.000 millones de
euros! vía subvención, el 2,5% de nuestro PIB. La administración central y la
Seguridad Social otorgaron 15.000 millones, las comunidades autónomas 7.000 y
los ayuntamientos más de 2.000.
Se da por
seguro que en la investigación se detectarán duplicidades y ayudas públicas
insólitas y/o estériles para los teóricos fines que persiguen estas
subvenciones. Las primeras que se revisarán serán los fondos para la formación,
las ayudas al transporte público, las subvenciones al gasóleo, al apoyo a la
agricultura o los estímulos públicos a la investigación y desarrollo. No hace
falta reconocer que todos sabemos de algún particular o empresa que se
beneficia de estas ayudas sin merecerlas
Permítanme
una pregunta tonta: ¿no sería mejor dejar de subvencionar todo lo que se mueve
y rebajar los impuestos en esa misma proporción? Lo digo porque parece de
necios pagarle un dinero al Estado para luego ir a llorarle que nos conceda una
subvención. Déjenos nuestro dinero que ya decidiremos en qué gastarlo. Y
además, está demostrado que a más subvenciones, más burocracia y más
corrupción.
Naturalmente,
esto chocaría con la cultura que nos han inculcado desde hace décadas. La
cultura de “Papá Estado”. Nos han hecho tan inútiles con sus sistemas
educativos que ahora ya no sabemos movernos si no nos echa una mano el Estado.
Y los políticos tan contentos por tener un voto cautivo tan numeroso. ¡Vótame y
seré tan generoso que no te dejaré morir de hambre!
Una maldad:
este informe, que puede resultar trascendental, se lo han encargado, a pesar
de su reciente creación, a la AIReF. ¿Por qué? Pues porque la Comisión Europea
y el Fondo Monetario Internacional sólo se creen los datos que presenta este
organismo. El Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado o la
rimbombante Aeval (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios) creada por el gobierno de Zapatero hace ahora 11
años, han quedado relegados por su poca o nula credibilidad. ¿Por qué no se
cargan estos organismos? Podríamos empezar ahorrando por ahí.
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