jueves, 15 de julio de 2010

Rebaja del gasto público: eliminar las diputaciones y reducir los ayuntamientos



Cualquier empresa o familia que gaste por encima de sus posibilidades en tiempos de bonanza está abocada al fracaso si no cambia esos hábitos en cuanto llegan las vacas flacas.

El Estado Español se encuentra muy cerca de fracasar: elevado gasto público, endeudamiento disparado, falta de ingresos... y ninguna medida que nos haga suponer que esta situación tenga visos de cambiar.
Ante las amenazas llegadas desde Bruselas, el gobierno de Zapatero ha anunciado una serie de recortes encaminados a equilibrar las maltrechas finanzas públicas. No les voy a enumerar estas medidas; ustedes ya las conocen muy bien y saben que la gran mayoría de ellas están enfocadas hacia los recortes sociales. ¿No hay otra forma de reducir gastos?


Ya se que habrá funcionarios (y sobre todo políticos) a los que las medidas que voy a proponer no les harán ninguna gracia, pero tampoco se la hará que les recorten sus sueldos o que les aumenten la edad de jubilación o que introduzcan el copago sanitario o que reduzcan las becas a los estudiantes o que paralicen las obras públicas... ¿y por qué no nos deshacemos de unos cuantos cargos públicos y de un puñado de organismos trasnochados e ineficientes?
No. No me refiero a las Comunidades Autónomas. Que también. Nos referimos a las Diputaciones Provinciales y a una buena parte de Ayuntamientos.


Respecto a las Diputaciones. ¿Alguien sabe para qué sirven? Tenemos un Gobierno Central, uno autonómico, un delegado del gobierno central en la capital de cada comunidad, un subdelegado del gobierno central en cada provincia de la comunidad, delegaciones varias de los dos gobiernos en cada capital de provincia, diputaciones provinciales y, seguramente, algún organismo más que no recuerdo en estos momentos. ¿No se puede prescindir de ninguno? No hace falta que me contesten. Que ya se lo que están pensando

Organismos duplicados y triplicados, funciones que se solapan, trámites burocráticos innecesarios... y con ellos inauguraciones de obras públicas en las que no caben las “autoridades”, comidas oficiales fastuosas, subvenciones “a porrillo” a los amiguetes, competiciones al “coche oficial del año”...
Una vez que los gobiernos autonómicos han conseguido asumir prácticamente todas las competencias habidas y por haber, ¿qué función tienen las Diputaciones?
Parece ser que está complicado eliminarlas ya que aparecen en la Constitución y habría que cambiarla para poder cargárselas. Bueno, pues que hagan algo y que cambien la Constitución. Que para modificar otras leyes si que saben darse prisa.

El tema de los Ayuntamientos quizá sea algo más complicado, pero igual de necesario. Todos nos sentimos identificados con el pueblo en el que hemos nacido o en el que residimos y queremos que tenga la máxima importancia y representatividad. Pocos serían los ciudadanos que aceptaran la supresión de su Ayuntamiento y que sus representantes municipales fuesen los del pueblo de al lado. Es más, muchos quisieran ser gobernados desde su propio barrio, incluso desde su propia calle y al final, ¿por qué no? desde su propio edificio. Y de todo eso se aprovechan los políticos para multiplicar hasta el infinito los cargos públicos, los servicios municipales y los gastos injustificables.


Los Ayuntamientos de media España están completamente quebrados. Se estima que un 30% de ellos no podrán pagar las nóminas este verano. Ante la necesidad imperiosa de reducir los gastos, muchos de ellos se han lanzado a una desesperada carrera en pos de mancomunar servicios con poblaciones vecinas (basuras, agua, jardinería...).
El sistema resulta lógico: por poner un ejemplo, un ayuntamiento dispone de dos informáticos y sólo necesita uno y medio. En cambio, la población de al lado tiene un informático que no puede acabar con su trabajo y necesitarían, al menos, medio más. Hasta ahora ¿qué pasaba? Fácil: el segundo ayuntamiento contrataba a otro informático y fin del problema. Mancomunando los servicios, el primer ayuntamiento le presta media jornada de un informático al segundo, con lo que solucionan el problema sin incrementar el gasto contratando a nadie más. Bueno, ¿y por qué no lo hacen con el Ayuntamiento entero? ¿Saben el ahorro que eso supondría para el bolsillo de los ciudadanos?

Mucho nos tememos que ninguna de estas medidas se lleve finalmente a cabo. Para el ciudadano resultaría sumamente conveniente ahorrarse una parte de sus impuestos pero, claro, un buen puñado de políticos perdería su poltrona. Ya saben, nadie tira piedras contra su propio tejado y como los que tienen que aprobar la reducción de diputaciones y ayuntamientos son los propios políticos...

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