domingo, 28 de marzo de 2010

Los sueldos de los funcionarios se deben congelar o reducir



Antes de que se acuerden de mis antepasados, aclararles que esta frase no la digo yo (Dios me libre, con la Iglesia hemos topado). El autor de tan rotunda afirmación ha sido Carlos Solchaga, ex ministro de economía y hacienda durante el gobierno socialista de Felipe González.

Durante su participación en la primera Jornada del Ciclo sobre Economía Sostenible, organizada por el Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información, Solchaga aseguró que el presupuesto de personal del Estado y las comunidades autónomas "no es intocable".


Pero no quedó ahí la cosa, además aseguró que "no es tan difícil" meter la tijera en esta partida si se tiene en cuenta que el puesto de trabajo de los funcionarios es "intocable" (como pueden comprobar, parece que hace muy poco que ha visto la película que cuenta las aventuras de los chicos de Eliot Ness), mientras que hay cuatro millones de personas sin empleo, las pymes no tienen crédito y "todo el mundo se está apretando el cinturón".

“Decirles a los funcionarios que deben congelarse el salario o que deberían reducirlo es perfectamente planteable (palabra que, por cierto, no existe en el idioma castellano)". "Que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con los sindicatos, me parece muy bien, pero lo hizo en un momento en que las circunstancias no eran las actuales. El Gobierno podría reconsiderar ese acuerdo, es más, seguramente debería hacerlo".


Las declaraciones que últimamente efectúan antiguos mandatarios de nuestro país, ya sea Felipe González, Carlos Solchaga, etc. están creando fuertes controversias. Desconozco que autoridad moral le otorgarán ustedes a un señor que durante su mandato elevó el déficit público, el exterior y el paro hasta cifras nunca antes conocidas, pero lo cierto es que ahora no deja de aparecer en público dando “sabios consejos”. ¡Ya podría haberlos aplicado cuando era su obligación!

Sin embargo, la polémica sobre los sueldos de los funcionarios está en la calle. Los empleados públicos (como no podía ser de otra forma) defienden las subidas salariales para no ver disminuido su poder adquisitivo, el resto les tacha de poco solidarios al querer aumentos salariales en épocas de crisis mientras son los únicos que disponen de puestos de trabajo asegurados de por vida.


¿La bajada de sus sueldos tendría beneficios para la economía española? La respuesta a esta pregunta es bastante complicada y depende de cual es el beneficio que se quiere obtener.

Si el objetivo es reducir el elevadísimo déficit público (12% en 2009 y similar porcentaje previsto en 2010) la respuesta, indudablemente, es sí. En España existen 3,1 millones de funcionarios (800.000 más que los que trabajan en la industria). Suponiéndoles un sueldo medio de 1.500 euros mensuales y si la rebaja fuese de un 3%, la cantidad que se ahorraría el Estado sería de unos 2.000 millones de euros anuales (sin contar el ahorro en las cotizaciones por parte de la Administración); una cifra que se acerca a las previsiones de aumento de recaudación que supondrá la subida del IVA del próximo mes de julio. No cortaría de raíz el déficit, pero ayudaría a controlarlo.


Ahora bien, si el objetivo es dinamizar el consumo y con ello a la economía, la medida sería contraproducente. Al igual que con la subida del IVA, este recorte provocaría una sensación de pobreza en la mente de estos funcionarios, lo que se traduciría inmediatamente en un menor consumo de sus familias. Debido al elevado número de funcionarios existente en España, esa sensación de pobreza tendría una gran influencia sobre el crecimiento de nuestra economía.

¿Beneficioso o perjudicial? Ustedes deciden, pero lo que sí resulta indudable es que esta medida provocaría un sentimiento de igualdad (menor sueldo a cambio de trabajo “intocable”) ante el resto de los asalariados españoles. Un sentimiento que haría que nos creyésemos la famosa frase de “esto lo arreglamos entre todos”.

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